Pekín, China – La Justicia de China ha dictado este lunes una sentencia de cadena perpetua contra el exministro de Justicia, Tang Yijun, tras declararlo culpable de haber aceptado sobornos que superan los 137 millones de yuanes, una cifra equivalente a casi $19.7 millones. Este caso se posiciona como uno de los escándalos de corrupción más resonantes dentro del aparato estatal chino en los últimos años.
La condena, emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Xiamen en la provincia de Fujian, se inscribe en la implacable campaña anticorrupción que el presidente Xi Jinping ha mantenido desde 2012. Esta política ha provocado la caída y el castigo de numerosos funcionarios de alto rango en todas las esferas del gobierno del gigante asiático.
A pesar de la severidad del delito, la corte consideró atenuantes significativos. Tang Yijun confesó su culpabilidad, mostró profundo arrepentimiento y cooperó activamente con la investigación, factores que evitaron la imposición de la pena máxima, la pena de muerte.
Tang Yijun, nacido en marzo de 1961, ha sido una figura prominente en el Partido Comunista de China (PCCh) desde 1985. Su ascenso en las esferas de poder comenzó en 1997, ocupando diversas posiciones de liderazgo, incluida la gobernación de la provincia de Zhejiang y, más tarde, como ministro de Justicia entre 2020 y 2023.
Sin embargo, fue durante su mandato como gobernador de Liaoning que se gestaron los cargos de corrupción. El tribunal determinó que, entre 2006 y 2022, Tang “abusó de sus diversas posiciones oficiales para obtener beneficios para terceros y organizaciones a cambio de pagos ilegales”. Se le acusa de facilitar listados de empresas, recompras de tierras, préstamos bancarios y la gestión de casos judiciales para individuos y empresas favorecidas, recibiendo activos y dinero por más de 137 millones de yuanes.
Además de la pena de prisión, el exministro ha sido despojado de sus derechos políticos de por vida, y se ha ordenado la confiscación de todos sus bienes personales. Las ganancias ilícitas recuperadas serán transferidas al tesoro estatal, buscando mitigar el impacto de su extensa red de corrupción.
El caso de Tang Yijun no es un hecho aislado. La campaña de “tolerancia cero” de Xi Jinping ha permeado todos los niveles del gobierno, resultando en la investigación, expulsión del PCCh y procesamiento de miles de funcionarios. Un antecedente notable es el del también exministro de Justicia, Fu Zhenghua, quien en 2022 recibió una condena similar que se tradujo en cadena perpetua por corrupción. La severidad en estos casos busca enviar un mensaje claro sobre la integridad estatal.
“Críticos de la política china señalan que este tipo de procesos, aunque legalmente justificados, también pueden ser utilizados como herramientas políticas para eliminar rivales o consolidar el poder interno dentro del PCCh, dada la falta de transparencia total en algunos juicios de alto perfil.”
No obstante, el gobierno de Pekín defiende estas acciones como esenciales para preservar la integridad del Estado y erradicar prácticas que socavan la confianza pública en sus instituciones. Casos de alto perfil que involucran a figuras de gobierno son regularmente escrutados, y el ojo de la justicia china también se ha posado en otros frentes de seguridad nacional, como lo muestra el reciente reporte de que China acusa a general de filtrar secretos nucleares a EE. UU., reflejando una postura firme ante cualquier forma de traición o deslealtad al estado. Estas medidas, aunque duras, buscan reafirmar la autoridad y la legalidad en un sistema que prioriza la estabilidad por encima de todo. Incluso en México, se han visto casos de grandes sumas de dinero en disputas legales, como cuando Grupo Salinas pagará $32 mil millones al SAT, lo que demuestra la relevancia global de las acciones legales contra entidades poderosas.
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