Austeridad federal precariza a la Procuraduría Agraria
Recortes presupuestales federales obligan a trabajadores de la Procuraduría Agraria en seis estados a laborar en bodegas, graneros y oficinas improvisadas, afectando su servicio.
Recortes presupuestales ahogan a la Procuraduría Agraria
La política de austeridad en el gasto público federal ha sumido a la Procuraduría Agraria en una crisis operativa, obligando a sus trabajadores en al menos seis estados del país a desempeñarse en condiciones laborales precarias. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que empleados han sido reubicados en bodegas, graneros y oficinas improvisadas, carentes de infraestructura básica y equipo, lo que dificulta gravemente la atención a los ejidatarios.
Los recortes presupuestales, que han impactado rubros esenciales como el arrendamiento de inmuebles, materiales de oficina, telefonía, equipos de cómputo y servicios de limpieza, han llevado a situaciones extremas. En algunos casos, los propios trabajadores han tenido que cubrir con sus recursos la compra de insumos básicos para mantener las oficinas en funcionamiento, según documenta la periodista Valeria Durán de MCCI.
Uno de los testimonios más alarmantes proviene de Yucatán, donde 39 trabajadores fueron trasladados en enero a una antigua bodega de fertilizantes de la Universidad Autónoma Chapingo, en Mérida. Estas instalaciones carecen de ventanas y aire acondicionado, a pesar de que la entidad registró temperaturas de hasta 44 grados Celsius entre abril y julio. Además, los empleados denunciaron la falta de agua en baños, ausencia de líneas telefónicas, equipos de cómputo y problemas de limpieza, con presencia de fauna nociva en los alrededores.
La situación se repite en Tlaxcala, donde 22 empleados fueron reubicados en cinco estructuras conocidas como “Los Conos” o “Graneros del pueblo”, antiguos almacenes de granos de la Conasupo. Los trabajadores de la Procuraduría Agraria laboran hacinados, sin baños propios, servicio de limpieza, líneas telefónicas ni equipos de cómputo institucionales, utilizando solo tres de estas estructuras como oficinas y el resto para almacenar archivos.
De acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana 2025 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el presupuesto destinado al arrendamiento de edificios y locales para la Procuraduría Agraria sufrió una drástica reducción del 59.1 por ciento en comparación con 2024. Esta disminución se extiende a otros servicios esenciales para la operación diaria de las dependencias.
Otros estados también padecen las consecuencias. En Guanajuato, 10 trabajadores fueron trasladados en diciembre de 2025 a un inmueble prestado por el gobierno municipal de Mineral de Pozos, donde enfrentan problemas de humedad, moho y deterioro estructural. En Atlacomulco, Estado de México, unos 30 empleados laboran en instalaciones con goteras que han puesto en riesgo la integridad de archivos y expedientes, según los testimonios recabados por MCCI.
El caso de Uruapan, Michoacán, es aún más crítico, pues los trabajadores consultados por MCCI afirmaron que cubren la renta de sus oficinas con sus propios salarios, un gasto que asciende a aproximadamente $10 mil pesos mensuales.
Oficinas centrales en CDMX también afectadas
La problemática se extiende a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria en la Ciudad de México, donde 459 trabajadores fueron desalojados de sus antiguas instalaciones en noviembre de 2025. Desde marzo de este año, han sido reubicados en dos pisos de un inmueble del Registro Agrario Nacional, en el Centro Histórico.
A pesar de tratarse de un edificio de reciente inauguración, los empleados reportaron goteras en los pisos donde fueron concentrados y espacios de trabajo insuficientes. Los escritorios, diseñados para tres personas, son utilizados por el doble de trabajadores para poder acomodar a todo el personal, generando condiciones de hacinamiento.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad solicitó una postura oficial a la Procuraduría Agraria respecto a los señalamientos de los trabajadores. Sin embargo, al momento de la publicación del reportaje, no se había recibido ninguna respuesta. Este silencio oficial subraya la urgencia de abordar las condiciones laborales y operativas de una institución clave para el sector agrario del país.
