Romero Oropeza esconde bienes; ven irregularidad en blindaje
El director del Infonavit ocultó su declaración patrimonial. Expertos señalan violación a la máxima publicidad.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, decidió no autorizar la publicación de su declaración patrimonial, lo que mantiene en la opacidad sus ingresos, propiedades y cuentas bancarias. El Comité de Transparencia del instituto avaló la reserva en resoluciones de julio de 2025 y julio de 2026, según información publicada por El Universal.
La reserva abarca desde inmuebles y vehículos hasta inversiones, joyas, obras de arte, pensiones, regalías, dividendos y actividades empresariales, así como el patrimonio de su cónyuge y dependientes económicos. Su declaración tampoco aparece en Declaranet y su salario mensual no puede consultarse en Nómina Transparente.
Julieta Del Río Venegas, excomisionada del Inai, afirmó que ocultar la totalidad de la declaración viola el principio constitucional de máxima publicidad.
'La legislación obliga a publicar las declaraciones patrimoniales, salvo datos específicos que afecten la privacidad', explicó, y pidió a la Secretaría Anticorrupción revisar el caso.

La última declaración pública de Romero Oropeza corresponde a 2024, cuando dejó la dirección de Pemex. Entonces reportó ingresos salariales por 3.2 millones de pesos y ganancias empresariales por 846,828 pesos, además de una casa, dos departamentos, dos terrenos, cuentas bancarias y diversos créditos.
La decisión de Romero Oropeza se da en un contexto de exigencia de transparencia en el servicio público. El gobierno federal ha promovido la publicación de declaraciones como parte de la lucha contra la corrupción, pero este caso evidencia los límites de la ley. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la nueva Corte apretarse el cinturón, en un intento por mostrar austeridad en el gasto público.
El caso de Romero Oropeza podría sentar un precedente sobre los límites de la transparencia en el servicio público. La Secretaría Anticorrupción deberá determinar si la reserva es legal o si se trata de un blindaje indebido.