Congreso de Quintana Roo analiza reformas sobre salud y ciberacoso
El Congreso local revisa dos iniciativas: reconocer la salud integral en la Constitución y aumentar penas por acoso sexual digital.
El Congreso de Quintana Roo arrancó esta semana el análisis de dos reformas que buscan actualizar el marco legal estatal en temas de salud y combate al acoso digital. Las propuestas, presentadas durante la sesión ordinaria número 5 de la XVIII Legislatura, ahora pasarán a comisiones para su dictaminación.
Una de las iniciativas plantea reformar el artículo 13 de la Constitución local para reconocer el derecho a la salud integral, un concepto que abarca el bienestar físico, mental y emocional. La impulsan el diputado José María Chacón Chablé y la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello, quienes buscan ampliar la protección jurídica frente a problemas como la ansiedad y la depresión, que han aumentado entre la población.
La segunda propuesta, promovida por las diputadas Paola Moreno Córdova y Jimena Lasa, junto con el diputado Jorge Sanén, modifica el artículo 130 Bis del Código Penal del Estado para endurecer las sanciones contra el acoso sexual cometido por medios digitales. La iniciativa plantea aumentar hasta en una mitad la pena cuando el delito se cometa a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o cualquier otra tecnología de la información.
El proyecto también incluye sanciones adicionales para casos específicos. Si el agresor es un servidor público o un docente, la propuesta contempla la destitución e inhabilitación permanente en caso de reincidencia. Además, se plantean medidas inmediatas de protección para las víctimas, con el objetivo de evitar cualquier contacto o intimidación durante la investigación.
Los legisladores argumentan que el acoso digital ha encontrado un terreno fértil en el anonimato que ofrecen las plataformas, y que las leyes actuales no responden a la magnitud del problema. La reforma busca cerrar ese hueco legal y dar herramientas a las autoridades para actuar con mayor rapidez.
Ambas iniciativas deberán ser analizadas por las comisiones correspondientes antes de llegar al pleno para su votación. El proceso legislativo podría tomar varias semanas, pero los impulsores confían en que el respaldo político permita avanzar sin contratiempos. La agenda local también incluye otros temas como la restricción del uso de celulares en escuelas, que entrará en vigor en noviembre a nivel nacional, y que podría tener eco en las aulas de Quintana Roo.
