¿Qué pasó con las protestas en Bolivia? Una masiva movilización de mineros y obreros congestionó ayer las calles de La Paz, mientras que en otras ciudades de Bolivia se realizaban diversas acciones de rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta medida, establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, ha desatado un paro obrero convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), que inició con fuerza en varias regiones.
En la capital, la policía desplegó un operativo para cercar los ingresos a la plaza central y al Palacio de Gobierno, impidiendo el avance de los manifestantes. Mientras tanto, en la vecina ciudad de El Alto, juntas vecinales mantuvieron cortadas importantes avenidas, y la Administradora de Autopistas reportó bloqueos carreteros en seis de las nueve regiones del país. “Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, afirmó a la prensa Andrés Paye, un prominente dirigente minero. Paye acusó al gobierno de aprobar normas 'para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres'.
Las protestas se extendieron más allá de La Paz. En Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaron una marcha multitudinaria y cortaron dos rutas troncales en la región oriental del país. Sin embargo, el impacto general del paro convocado por la COB no fue total en su primera jornada, principalmente porque el gobierno de Paz logró cerrar acuerdos el fin de semana con la mayoría de los sindicatos del transporte, desactivando así una de las principales amenazas de parálisis.
Lucio Gómez, dirigente del gremio de transportistas, explicó a la prensa que “no hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo” tras las negociaciones con las autoridades. A pesar de esto, el transporte urbano en Santa Cruz, la ciudad más poblada del oriente, se reportó escaso. Otro líder sindical, Luis Paco, comentó a los periodistas que “sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”.
El presidente Paz, quien asumió el 8 de noviembre, ha defendido enérgicamente la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta subvención, que los gobiernos de izquierda mantuvieron por más de 20 años a un precio de $0.53 dólares por litro, representaba una carga anual de $3 mil millones de dólares en importaciones de gasolina y diésel. Según el mandatario, esta situación había agotado las reservas de divisas y agravado la peor crisis económica que golpea a los bolivianos en cuatro décadas, exacerbada por el declive de la industria de hidrocarburos, el principal pilar económico del país.
“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan $10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, sentenció el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos transmitido por la televisora estatal. Para mitigar el impacto, Paz decretó un aumento salarial del 20 por ciento, que beneficia al 15 por ciento de la fuerza laboral formal, mientras que el 85 por ciento restante opera en el sector informal. Además, se mantuvieron los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales también tendrán un incremento. Los transportistas, por su parte, podrán importar autopartes sin aranceles. Las medidas han recibido el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos, en un esfuerzo por atraer inversiones y reactivar la economía boliviana. La situación política en el país andino sigue siendo compleja, con actores de distintas vertientes en pugna por el futuro de la nación, tal como se observa en noticias sobre figuras como Luis Arce.
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