¿Qué pasó con la extorsión en México? El Gobierno Federal ha dado un paso firme en su lucha contra uno de los delitos de mayor impacto en el país: la extorsión y el cobro de piso. Este 11 de diciembre, se publicó oficialmente la estrategia nacional que busca frenar este flagelo, cuya incidencia ha mostrado un preocupante incremento desde el año 2019.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hizo público el acuerdo 01/LII/2025, aprobado en la quincuagésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este documento detalla una serie de acciones contundentes con miras a 2026.
Entre las medidas más destacadas, el acuerdo emplaza directamente a los gobernadores de las entidades a presentar iniciativas de reformas ante sus respectivos congresos locales. El objetivo es armonizar las leyes estatales con la nueva estrategia federal, estableciendo como fecha límite el último día hábil de enero de 2026 para reportar al SESNSP sobre la presentación de dichas iniciativas.
Además, se ha instruido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita un manual de operación específico. Este manual regulará la recepción de denuncias, la investigación y la persecución del delito de extorsión para las fiscalías o unidades especializadas en todo el país. Las autoridades locales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar este nuevo protocolo, buscando homologar los marcos jurídicos y operativos.
La estrategia no solo busca unificar los esfuerzos legales y operativos, sino también mejorar la medición de la incidencia de este delito y asegurar la asignación de partidas presupuestales adecuadas para su persecución. A partir de enero de 2026, las fiscalías estatales deberán comenzar el registro de la incidencia delictiva conforme a los nuevos lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, lo que permitirá tener una radiografía más precisa del problema.
La necesidad de esta estrategia es palpable. Recientemente, se ha reportado el preocupante aumento del 18% en las extorsiones a empresarios en Cancún, según datos de la Coparmex local. Asimismo, la lucha contra este flagelo ya arroja resultados preliminares en otras zonas, como la vinculación a proceso de tres personas por cobro de piso en Quintana Roo, y la acusación de extorsión en Chiapas, lo que subraya la importancia de una acción coordinada y robusta a nivel nacional.
Con estas acciones, el gobierno federal aspira a construir un frente común contra la extorsión y el cobro de piso, sentando las bases para una mayor seguridad y justicia en el territorio mexicano.
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